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Sentido y Forma de la Democracia en la Universidad

Dr. Alejandro Goic.

Académico de Número U. de Chile

6 de Mayo de 1998

Dentro del conjunto de atributos con que se suele definir a las Universidades, al menos en las de carácter público, se incluye el de ser una "Institución democrática". Así aparece consignado, por ejemplo, en los diversos Estatutos que ha tenido la Universidad de Chile, principal institución de educación superior en el país.

Esto parece obedecer a una extendida cultura política en la sociedad chilena y a una sentida aspiración de la comunidad académica de que en la Universidad se exprese la democracia como una suerte de correlación con la organización democrática del país. Sin embargo, la afirmación del carácter democrático de la Universidad exige, a mi parecer, un esfuerzo de reflexión sobre su exacto significado. De lo contrario, puede conducir, y de hecho conduce, en la Universidad a darle a esa expresión un alcance abusivo y a actitudes y conductas de parte de sus miembros que es inconveniente para cumplir sus fines y obligaciones sociales.

Comprensiblemente, hoy día se insiste con mayor fuerza en el carácter democrático de la Universidad, muy probablemente como consecuencia lógica del relativamente reciente y prolongado período de intervención gubernamental a que estuvo sometida, en el contexto de un Gobierno autoritario. La traumática experiencia que significó este hecho le agrega al tema de la democracia en la Universidad una indiscutible carga afectiva. Mayor razón entonces para profundizar en el tema y hacerlo de un modo académico, esto es, sereno, razonado, libre y tentativo.

Me adelanto a señalar que aquí se trata de discernir entre variables que están relacionadas entre sí e insertas en una realidad social compleja y que, por lo tanto, no es posible separarlas de esa realidad, aunque sí distinguirlas.

La interrogante de la que nos ocuparemos se podría plantear de la siguiente manera: ¿Tiene la democracia en la Universidad el mismo sentido e iguales formas de expresión que en la sociedad política?

Intentaré aproximar una respuesta delineando, en primer lugar, algunas de las características más relevantes de la democracia representativa y, luego, su modo particular de expresión en la Universidad.

Una democracia genuina, en su aspecto más sustantivo, implica un acuerdo de los miembros de la Sociedad sobre las bases en que ha de descansar la vida en común. El elemento central que sustenta este acuerdo es una forma de fe cívica y secular en la libertad. Así, hombres libres, superando sus particulares creencias e ideologías y las contradicciones y conflictos inherentes a toda Sociedad, acuerdan sujetarse a ciertas normas básicas de convivencia que mejor resguarden los derechos de las personas e Instituciones y posibiliten la búsqueda del bien común social. La libertad se expresa entre otros, en el derecho a opinar y reunirse. Claramente, no hay democracia posible en un país (tampoco en la Universidad) sin este credo común de la libertad humana y de respeto por la dignidad de cada persona.

En una sociedad democrática es el pueblo, más propiamente los ciudadanos, los que libre y soberanamente deciden cuáles son las normas y formas de convivencia social que hagan posible el bien común. Ninguna persona, ni grupo de personas, puede arrogarse el derecho que compete a los ciudadanos para decidir su propio destino como Sociedad, la forma de organizar la vida social y el derecho a elegir a quienes han de conducir los asuntos públicos. De ahí que se diga que la soberanía reside en el pueblo.

Este acuerdo social básico garantiza el pluralismo ideológico y religioso, el respeto a los derechos humanos y a las responsabilidades y derechos sociales, culturales y políticos de las personas e instituciones sociales.

La participación de todos los ciudadanos en las decisiones políticas mayores, así como el derecho a elegir y ser elegido es una característica fundamental de la democracia representativa.

Participación es un concepto amplio que implica la intervención ciudadana en una vasta gama de instituciones sociales intermedias entre el hombre y el Estado, que tienen diferente naturaleza y propósitos. Uno de los modos operacionales de la participación ciudadana en la vida política de la Nación, el más visible, y en un contexto democrático probablemente el más decisivo, es el derecho al sufragio, por medio del cual se define el rumbo político de la sociedad y se eligen los conductores de los asuntos públicos. La sabiduría democrática establece la igualdad de voto, como reconocimiento a la igualdad sustantiva de los seres humanos y como mecanismo equitativo para compensar las diferencias de poder real que existen en toda Sociedad, debido a desiguales condiciones de educación, statu social y riqueza de los ciudadanos. Estas desigualdades generan grados de influencia disímiles de los ciudadanos en los niveles de decisión política que, en alguna medida, son compensadas por el derecho a voto igualitario.

Un tercer elemento propio del sistema democrático es la duración limitada y por un tiempo previamente determinado del ejercicio del cargo para el cual una autoridad ha sido elegida por los ciudadanos. Esto permite a la sociedad política pronunciarse periódicamente, sea reafirmando o cambiando a sus conductores políticos, según perciba su gestión como positiva o negativa para el bien común social.

Un cuarto elemento, es la separación y equilibrio entre los grandes poderes que configuran el Estado, de manera de evitar el predominio de alguno de ellos, evitando así eventuales abusos o que los gobernantes sucumban a la tentación autoritaria. La fiscalización del ejercicio del poder que los ciudadanos entregan a la autoridad que eligen, hace posible que, en casos que ella transgreda las normas establecidas por la Sociedad, pueda ser removida de su cargo a través de mecanismos previstos y conocidos.

En el seno de la sociedad política coexisten diversas familias ideológicas, que difieren en el modo de concebir el logro del bien común. En virtud de esta diversidad, algunos ciudadanos se agrupan en partidos políticos como instrumentos de expresión ideológica y programática. Este derecho de los ciudadanos a organizarse libremente en partidos políticos, es otra característica de la democracia. El papel de los partidos y agentes políticos es orientar a la opinión pública sobre las grandes corrientes ideológicas en boga y proponer fórmulas para procurar el bien común, esforzándose por convencer a los ciudadanos de la bondad de sus planteamientos para que ellos eventualmente le entreguen en un momento determinado, y por un período prefijado, el ejercicio del poder político y la conducción de los asuntos del Estado. La conquista del poder es, entonces, un objetivo primordial de los partidos políticos con el fin de desarrollar sus proyectos socio-económicos en conformidad a sus respectivas ideologías.

Los agentes políticos elegidos por los ciudadanos son sus representantes en las estructuras del poder. Los ciudadanos los envisten del derecho para ejercer la autoridad, sin que por ello pierdan sus propios y soberanos derechos. Los agentes políticos electos ejercen sus cargos como vicarios del pueblo, es decir, como sus representantes genuinos. En virtud de esta representación tienen realmente el derecho a mandar y ser obedecidos y tomar decisiones, conforme a los dictados de una recta conciencia, en comunión con el pueblo.

En suma: el credo común de la libertad como base fundamental de la vida democrática; la soberanía del pueblo para decidir su destino político; el voto igualitario; la participación de los ciudadanos en las decisiones políticas y la generación de autoridades; la renovación periódica de ellas; la fiscalización del ejercicio de la autoridad; la separación de los grandes poderes del Estado y la libertad para opinar, reunirse y formar partidos políticos, aparecen como elementos propios del sistema democrático representativo, tal como la democracia se concibe hoy en la cultura occidental y se ha concebido en nuestro país.

Los elementos mencionados apuntan a la esencia de la democracia representativa y, por lo tanto, su vigencia es condición indispensable en un sistema político que se defina como democrático. Sin embargo, las formas concretas como se organiza y se institucionaliza el sistema democrático en un país admite, ciertamente, diversas modalidades, todas ellas válidas en tanto se respeten los principios democráticos básicos.

Ahora bien: ¿Se aplican todos y cada uno de los elementos constitutivos del sistema democrático a los organismos sociales intermedios entre el hombre y el Estado?

En lo fundamental, la respuesta debe ser afirmativa, dado el carácter universal del concepto de democracia. Los principios y conductas democráticas son exigibles por igual a cualquier organismo social de inspiración democrática. En otras palabras, el sentido de la democracia en los organismos sociales intermedios no puede ser sino el mismo que en la sociedad política. Sin embargo, la forma como los principios democráticos se insertan en algunos organismos sociales intermedios se expresa de un modo diferente al de la sociedad política, en conformidad a la peculiar naturaleza y a los objetivos específicos que posean.

Veamos el caso de la Universidad e intentemos identificar los rasgos que la distinguen de la sociedad política.

Nos preguntamos: ¿Es la sociedad universitaria idéntica a la sociedad política? ¿Se pueden trasladar a ella sin más cuestión, mecánicamente, algunas formas y prácticas democráticas que se observan en la sociedad política?

El fin de la sociedad política es procurar el bien común general, uno de cuyos componentes es el bien que conocemos como educación. La sociedad le asigna a la Universidad el objetivo específico de cultivar y trasmitir el conocimiento avanzado en el área de las ciencias, las artes y las humanidades; de crear conocimiento nuevo; profundizar las ideas, de modo que enriquezcan el saber y la cultura universales y contribuyan a la movilidad social y a la difusión del conocimiento. Esto es lo que conocemos como "educación superior" o "educación universitaria".

En consecuencia, en un sentido estricto, la tarea específica de la Universidad es la prosecución del bien "educación superior", que es sólo una parte del bien común general. Otras tareas, tan importantes como la educación superior, se los encomienda a otros organismos sociales intermedios. En la medida que la Universidad cumpla eficazmente con su tarea específica, está contribuyendo, en lo que le corresponde, a lograr el bien común social y a satisfacer las expectativas que en ella ha puesto la Sociedad.

Por consiguiente, y en relación a sus objetivos, existe una primera diferencia entre la sociedad política y la sociedad universitaria: en un caso, un objetivo general: el bien común social; en el otro, un objetivo particular: el bien educacional superior.

Una segunda diferencia, dice relación con las peculiares características de la soeiedad universitaria respecto a la sociedad política: la sociedad universitaria está formada por estamentos bien definidos: académicos, estudiantes y funcionarios. Ellos constituyen una comunidad estratificada de acuerdo a sus diferentes roles, responsabilidades y derechos.

No debiera ser cuestionado que los miembros titulares de la Universidad son sus académicos, es decir, las personas que enseñan e investigan; las que difunden el conocimiento y la cultura; publican artículos, libros, ensayos; crean obras de arte o prestan servicios de alta especialización a la Sociedad. En síntesis, aquellos que han hecho del pensar creador una actividad sistemática y cotidiana. Sin académicos no puede existir una Universidad. Podríamos decir que, así como en la sociedad política la soberanía reside en el pueblo, en la Universidad la soberanía reside en sus académicos.

La enseñanza superior es una de las tareas de la Universidad, muy importante pero no es la única que realiza. Es en su dimensión docente que la Universidad se puede definir como una comunidad de académicos y estudiantes, los que tienen obligaciones y derechos que surgen de su compromiso mutuo con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por cierto que no es concebible una Universidad sin estudiantes. Pero, la relación educativa entre académicos y estudiantes siendo una relación simbiótica es también, como veremos, una relación asimétrica.

Los académicos (o al menos muchos de ellos) han elegido como actividad central de su vida a la Universidad y están ligados a sus vicisitudes y a su destino. Escoger la vida académica implica una vocación bien definida, que no todas las personas están proclives a asumir renunciando a otras expectativas que les ofrece el medio social. Por su parte, la inmensa mayoría de los estudiantes están ligados sólo temporalmente a la Universidad, tanto cuanto duren sus estudios universitarios; esta diferencia en el tiempo de permanencia en la Universidad incide en el grado de compromiso, así como en el sentido de pertenencia a la institución.

Para cumplir su misión y distribuir las responsabilidades académicas, la Universidad requiere ordenar a sus académicos de acuerdo a su experiencia y a sus capacidades intelectuales, docentes, éticas y creadoras, sobre la base de normas que ella misma establece y según antecedentes objetivos de desempeño académico que son juzgados por los pares. Por eso se dice que la Universidad es una institución jerarquizada. La jerarquía académica es la que determina las responsabilidades de cada cual. Los académicos de mayor trayectoria, los que más saben, orientan, guían y forman a los que comienzan y éstos, a su vez, a los que vendrán después. A partir de la jerarquía inicial de Ayudante y de acuerdo a méritos objetivos, el académico va alcanzando progresivamente las jerarquías más altas.

El ordenamiento jerárquico de la Universidad condiciona para sus académicos grados diversos de responsabilidades y derechos, tanto en el plano de los programas académicos como en su participación en la generación de las autoridades y el Gobierno universitario.

El proceso de jerarquización sistemático, programado y periódico de la sociedad académica es peculiar y propia de las Universidades. Es en esencia democrática ya que es generada soberanamente por la propia comunidad académica, la que determina los requisitos, las normas y procedimientos a emplear en la evaluación. En efecto, son las cualidades intelectuales y no las condiciones de raza, credo, riqueza, status social o ideología, las que determinan el lugar jerárquico que ocupa un académico en la comunidad universitaria. Esta organización jerárquica de los académicos en la vida de la Universidad no se da ni se podría dar con similares características en los otros estamentos que la componen. La equidad del sistema es que todos tienen iguales posibilidades de lograr las jerarquías superiores y, a medida que se asciende de nivel, asumir responsabilidades más complejas y adquirir derechos crecientes. De este modo, una responsabilidad o un derecho que hoy no se posee, se puede tener en el futuro en función de méritos académicos.

Como consecuencia de la naturaleza jerárquica de la Universidad, la participación de los académicos en el Gobierno de la Universidad, adquiere características diferentes a la participación ciudadana en la sociedad política. En la sociedad política todos los ciudadanos tienen igual jerarquía para los efectos de participación cívica, igualdad de derechos para elegir y ser elegido y un sufragio igualitario. En la Universidad no todos los académicos tienen igual jerarquía, ni asumen similares responsabilidades; tampoco poseen iguales derechos a elegir y ser elegidos y el voto igualitario no es por lo tanto aplicable.

De allí que, la segunda nota distintiva de la sociedad académica es la necesaria estructura jerárquica que la caracteriza y que, en la sociedad política, en razón de su naturaleza y objetivos, sería una condición no-democrática.

También, y en contraste con lo que ocurre en la sociedad política, la sociedad académica ejerce sus derechos electorales sin la mediación de partidos o agentes políticos que canalicen corrientes de opinión o aspiren a la conquista del poder. A cada académico le corresponde ejercer su derecho a sufragio con plena independencia, eligiendo de entre sus pares a quien o quienes han de ejercer la autoridad en mérito a sus cualidades intelectuales y morales.

La existencia misma de la Universidad está condicionada por el acuerdo de cultivar el saber y la cultura, cualquiera sean las particulares ideologías y creencias de sus miembros. El objetivo de los académicos no es la conquista del poder, sino la conquista de la verdad.

Al incorporarse a la vida académica, los universitarios de algún modo renuncian, no a su particular ideología, pero sí al activismo político dentro de la Universidad. En la medida en que determinada familia ideológica intentase o lograra apoderarse de su Gobierno, la Universidad se desfiguraría, convirtiéndose en un campo de batalla, abierto o encubierto, por la conquista del poder. Se rompería así el consenso espiritual y moral básico de convivencia que posibilita el cultivo del saber, que por cierto no reconoce fronteras políticas.

En consecuencia, un tercer elemento distintivo de la sociedad académica es que no requiere de la mediación de partidos políticos para fines de orientación de la comunidad o la conquista del poder. Aún más, éstos son incompatibles con la naturaleza y objetivos de la Universidad y ponen en riesgo su unidad espiritual. Todo ello, sin perjuicio de que en la Universidad, como parte de su quehacer académico, se analicen y debatan las grandes corrientes ideológicas y políticas desde un punto de vista filosófico, histórico, social o cultural.

El aporte más valioso que las unidades académicas pueden hacer al país como fruto de su propia actividad, es entregar conocimientos, antecedentes, juicios críticos y opiniones ilustradas sobre los problemas sociales, económicos y políticos que afectan a la Sociedad, de modo que los agentes políticos las recojan como elementos valiosos para buscarles solución. La Universidad debe asumir críticamente tales asuntos, pero sin inmiscuirse en los problemas de coyuntura, porque, como lo señala Jaspers, "1os objetivos reales de la Universidad se alcanzan en un impulso de elevación del espíritu que trasciende toda realidad, para volver a ella con más claridad, seguridad e imperturbabilidad ". Es así como yo entiendo el compromiso social de la Universidad.

En suma, a la Universidad no le acomoda el concepto de soberanía popular, ni el voto universal, ni las modalidades en que se estructura la sociedad política, en razón de que no se ajustan a su naturaleza ni son adecuadas para poder cumplir sus fines. Si así se deseare, existen fórmulas inteligentes para que la soberanía popular tenga expresión en una Universidad del Estado, cuidando que ello no lesione la autonomía universitaria, tal como lo han ideado algunas universidades públicas de países desarrollados.

Lo que sí es exigible a la Universidad es que esté impregnada de un espíritu democrático. Esta disposición se revela en una Universidad en que prevalezca la libertad intelectual, la tolerancia y el respeto por las personas, su dignidad y sus derechos; se respete la diversidad ideológica; exista equidad y transparencia en el ingreso de académicos y de estudiantes, así como igualdad de oportunidades para ascender en las jerarquías académicas, en conformidad con el esfuerzo, competencia y dedicación de cada cual. Y, finalmente, en la participación jerarquizada de sus miembros en la vida de la Universidad y la renovación periódica de sus autoridades en plazos previamente conocidos. Todo esto, en el marco de una Carta Universitaria fundamental que haga explícita, regule y garantice su inspiración democrática.

Me parece claro que el concepto de la participación, particularmente en la Universidad, es más amplio y más rico que el simple derecho a voto.

Desde luego, la participación de los académicos en la vida de la Universidad es amplia, masiva y cotidiana. En sus manos están las investigaciones que ellos diseñan, obtienen su financiamiento y realizan. Son los académicos los que deciden vocacionalmente sus actividades docentes y creadoras; los que llevan a cabo la evaluación y calificación de sus pares; los que definen los programas de estudio y sus contenidos, las estrategias y métodos educacionales y los sistemas de evaluación de los estudiantes. Podemos decir que el poder real en la Universidad está en manos de sus académicos y no en la de las autoridades que la gobiernan. Adicionalmente, su participación es decisiva en la generación de las autoridades a nivel de los Departamentos, Facultades, Institutos y Universidad.

Por su parte, y en un sentido amplio, la participación de los estudiantes en la vida de la Universidad es un hecho natural, que fluye de su condición de ser uno de los actores del proceso educacional. Su participación no sólo es conveniente sino que necesaria para enriquecer el proceso educativo en la Universidad. Los estudiantes acuden a la Universidad a nutrirse (socializarse) en los conocimientos, destrezas, actitudes y valores que les ofrece la institución y sus académicos y es su deber asumir el papel que les corresponde en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en la vida de la Universidad.

A través de su participación, el proceso docente se perfecciona en todas sus facetas, como por ejemplo en la apreciación cualitativa de las asignaturas y cursos que toman y de los instructores que los dictan. Por eso es conveniente y necesario que los estudiantes estén representados en instancias que tienen que ver con los programas de estudio, su desarrollo, metodología educacional y evaluación, como son los Consejos de Niveles o Cursos, de los Departamentos y Escuelas. Para los estudiantes es del mayor interés que la Universidad en que cursan sus estudios y los académicos que los educan sean de la mejor calidad posible, ya que de ello depende en gran parte el éxito de su formación.

También, parece legítimo que los estudiantes tengan representación en los cuerpos colegiados de Gobierno de las Facultades e Institutos y Universidad, ya que ello permite que, dentro de un marco institucional, planteen sus pareceres y proposiciones, complementando la visión que los académicos tienen del proceso educacional y de la Universidad. Además, ésto les permite que se posesionen de la complejidad del quehacer universitario y de los problemas de su administración y financiamiento. La participación de los estudiantes la vemos como una valiosa herramienta para educar a los futuros profesionales en los valores democráticos, indispensables para que su actuación ulterior en la vida cívica del país sea respetuosa y tolerante.

Pero esta legítima participación estudiantil no les otorga el derecbo a gobernar la Universidad; participación no es sinónimo de gobierno compartido.

En efecto, la relación de académicos y estudiantes en la Universidad, en su rol de tales, es una relación asimétrica, en términos de sus conocimientos, formación, experiencia educacional, permanencia en las aulas universitarias y compromiso con la institución. Tampoco los estudiantes están sometidos a un ordenamiento jerárquico en los términos que hemos descrito para los académicos.

En la Universidad es la jerarquía académica la que determina las obligaciones y derecbos de sus miembros, entre otros el derecho a conducir la institución. No se trata de que los estudiantes no sean o no puedan ser más inteligentes o capaces que los académicos; se trata de que los académicos, por razones generacionales, se prepararon antes que los estudiantes en determinadas áreas del saber o la creación y tienen, por consiguiente, un bagaje de conocimientos, de experiencia universitaria y de vida que sólo se adquiere con el tiempo y el esfuerzo. En último término, es también a los académicos a quienes la Sociedad les pedirá cuentas del éxito o fracaso de la misión encomendada a la Universidad.

La relación asimétrica entre académicos y estudiantes hace insostenible la idea común de gobierno compartido de la Universidad o co-gobierno y tiene necesariamente que reflejarse en un distinto derecho a elegir las autoridades unipersonales o generar los cuerpos colegiados. La participación estudiantil en los organismos de gobierno encuentra su vía de expresión a través de sus delegados: de curso, de los centros de alumnos o asociaciones de estudiantes, según el nivel del cuerpo colegiado de que se trate.

Por las razones antedichas, es que sostenemos que en la Universidad debe haber participación, pero tiene que ser gobernada y conducida por sus académicos en la forma que ellos mismos lo establezcan. Ellos deben cuidar que la forma de Gobierno y su estructura faciliten el cumplimiento de sus fines y el trabajo académico creador, al tiempo que promuevan una participación efectiva y razonable, resguardando una convivencia armónica entre todos sus miembros.

Esto no implica, ciertamente, desconocer el importante papel que cumplen los otros estamentos de la Universidad, o dudar de su inteligencia o su capacidad, ni que la vida y destino de la Universidad les sean ajenos o que no deben participar en ella de acuerdo a sus intereses y competencias y la naturaleza de sus funciones.

También, conviene señalar que no deben confundirse los objetivos de las entidades gremiales de académicos y administrativos con el gobierno de la Universidad. Los estamentos universitarios tienen el derecho de organizarse en asociaciones o sindicatos para proteger sus legítimos intereses gremiales (como por ejemplo, su nivel de remuneraciones, condiciones de trabajo, bienestar y recreación), planteando sus reivindicaciones a las autoridades universitarias a través de sus representantes. Pero, a estos organismos de naturaleza gremial no les corresponde interferir en los asuntos académicos ni en el gobierno de la Universidad, así como a la Universidad no le corresponde interferir en los asuntos gremiales de académicos y administrativos, ni en el gobiemo de sus respectivas asociaciones.

Respecto a las estructuras de Gobierno de la Universidad son posibles diversas fórmulas (Juntas directivas, Consejos Universitarios, Senados Académicos, etc.) todas ellas eventualmente válidas, moduladas por los antecedentes históricos, hábitos y costumbres de cada Universidad y la cultura del país. Lo importante es que se respete la naturaleza propia de la Universidad con el fin de preservar la calidad y eficacia de la tarea que la Sociedad le ha asignado y que la organización adoptada no dificulte sino que facilite el trabajo académico y la gestión universitaria. Las formas concretas como la Universidad organiza su Gobierno y la definición de los derechos específicos que han de tener las distintas jerarquías académicas en la generación de las autoridades, es una materia que debe definir la propia comunidad académica en el ejercicio de su soberanía, considerando la naturaleza y objetivos de la corporación.

Se podrá objetar que el análisis que hemos hecho sobre Democracia y Universidad es demasiado teórico, tal vez esquemático, desligado de la realidad política y social y de la experiencia histórica que nos revela el país y la propia Universidad. Me apresuro a reconocer que esta eventual crítica es pertinente y válida. No cabe duda que se trata de una relación compleja.

En efecto, las realidades sociales y políticas suelen ser más fuertes que nuestras ideas y esquemas conceptuales y vivimos sumergidos en un medio social en el que hay contradicciones y conflictos. Sin embargo, también es cierto que la posibilidad misma de una convivencia democrática en la Universidad está condicionada a que se respete su naturaleza y los derechos legítimos de todos. En todo caso, deberíamos esforzarnos para que el transcurrir universitario sea como debiera ser, aunque en muchas ocasiones la realidad de los hechos nos pueda mostrar algo diferente.

A mi modo de ver, existe una tensión entre la vida política y la vida académica. La política impregna todas las instituciones sociales, influyendo en su rumbo y gobierno, de un modo a veces sutil y otras veces más abierto; esto ocurre así, sea o no de nuestro agrado, en todas las instituciones y épocas.

A la Universidad como parte de la Sociedad no le es ajena la política. Sería en verdad inconcebible que el centro más importante de la actividad intelectual de la Nación no se interesara en ella; o que los universitarios, componentes de la élite intelectual del país, fueran indiferentes al acontecer político de su patria. Sin embargo, la Universidad debe estar comprometida sólo con los grandes valores políticos como la libertad, el derecho, el humanismo y la solidaridad social y no con los particulares intereses de determinados partidos o ideologías. Porque una cosa es la preocupación, el análisis, la investigación y la enseñanza de las ideas políticas en las aulas, incluso la adhesión personal de académicos y estudiantes a un partido político, y otra muy distinta introducir intencionadamente estrategias partidistas en la vida de la Universidad.

La experiencia nos enseña que la interferencia indebida de los agentes o partidos políticos en la Universidad perturba el cumplimiento de los objetivos académicos y su perfeccionamiento, pone en peligro la unidad de propósitos consustanciales a la convivencia universitaria y limita la contribución social real que la Universidad puede hacer al desarrollo del país y el bienestar de sus habitantes. Llamo interferencia indebida a una situación límite de activismo político planificado y sistemático al interior de la Universidad con el fin de conquistar su Gobierno, servir objetivos ideológicos y favorecer a los militantes.

En el lapso de 30 años la Universidad ha sufrido dos modelos extremos de intervención política, aunque por cierto de distinta naturaleza: por una parte, la intervención descubierta de los partidos en la situación universitaria del momento, lo que condujo a que, de hecho, las decisiones universitarias no las adoptaban los organismos de gobierno de la Universidad, sino que los líderes de las agrupaciones políticas; y, por otra, mucho más negativa aún, la intervención directa de un Gobierno autoritario, que la convirtió en una "Universidad vigilada" y brazo ejecutor de su ideología y objetivos políticos. Como es fácil comprender, en ambos casos, la autonomía universitaria no era más que una ilusión.

Una consideración final. El conocimiento científico y tecnológico ha avanzado considerablemente en las últimas décadas y, en éste como en otros aspectos, la brecha entre el mundo desarrollado y el subdesarrollado se ha hecho cada vez más profunda.

Sólo los países que logren saber más podrán superar el subdesarrollo, esto es, aquellos que dispongan de los intelectuales, artistas, científicos y profesionales alertas al estado actual del mundo de las ideas y el saber; sean capaces de crear conocimiento nuevo y de comprender y utilizar las tecnologías de avanzada. Así, podrán contribuir realmente a incrementar el bienestar de sus pueblos. De ahí que la Universidad para responder ante el país no tiene otro camino que procurar la mayor calidad posible en sus tareas, lo que se ha llamado la excelencia académica, y desechar los caminos de la mediocridad y la demagogia. Para ello, no existe otra altemativa que respetar la naturaleza de la Universidad y las jerarquías académicas e intelectuales que de ella derivan.

En caso contrario, dominará la Universidad una retórica estéril y esterilizadora, imposibilitada de aportar a la solución de los graves problemas sociales, económicos y políticos del país, los que tenderán a agudizarse, abriendo paso a tensiones sociales y al autoritarismo. En nuestros países, con mayor razón que en los del mundo desarrollado, la tarea de saber más es responsabilidad preponderante de las Universidades.

El cumplimiento del rol social de la Universidad sólo se puede lograr en un marco ético individual e institucional de respeto y tolerancia por las ideas y personas, de modo que en las aulas universitarias prevalezca un ambiente de tranquilidad y de paz espiritual, condición indispensable para la enseñanza formativa, el cultivo de las ciencias, la creación artística e intelectual, así como el perfeccionamiento humano de sus miembros, que es en definitiva la razón de ser de la Universidad.